Se realizará una charla crítica sobre la situacón económica que se está viviendo en la actualidad.

¡¡ OS ESPERAMOS !!

Cuando en 1975 Bucharaya Beyún (Dajla, 1956) era un estudiante más de Económicas en la Universidad Complutense, una amiga le dijo: "Os van a vender". Bucharaya no la creyó, pero este pronóstico agorero se hizo realidad poco después. Han pasado 33 años y el que ahora es el delegado del Frente Polisario en España subraya que su pueblo no espera que los Gobiernos occidentales "sean prosaharauis", sino sólo que se respete la legalidad internacional: las resoluciones de la ONU que, desde hace décadas, sancionan el derecho a la autodeterminación de los Hijos de las Nubes.

"Las declaraciones de Obama han puesto nervioso a Marruecos"
33 años de exilio, ¿aún conservan la esperanza?
En 1975, nadie pensó que los saharauis resistiríamos. Marruecos nos subestimó y ése fue su gran error. Cuando aceptaron el referéndum de autodeterminación en 1982 (Marruecos se ha negado desde entonces a celebrarlo), fue porque la guerra les salía muy cara. Los soldados marroquíes no defendían, como nosotros, sus casas y a sus familias; no soportaban los 50º del desierto y muchos se rendían. Nosotros perseguíamos a sus blindados con un Land Rover.

¿La Administración de Obama cambiará las cosas?
"Nadie nos puede decir que tenemos que ser marroquíes"
EEUU tiene como prioridad Irak y Afganistán, si bien es cierto que las declaraciones de Obama en favor del multilateralismo y el respeto de las leyes internacionales son estimulantes y, por otra parte, han puesto nervioso a Marruecos.

El nuevo enviado de la ONU, el diplomático Christopher Ross, inicia su mandato ¿marcará una diferencia?
Ross conoce muy bien el mundo árabe, habla la lengua y se ha comprometido a respetar las resoluciones del Consejo de Seguridad, en especial la que instaba a las partes a negociar "sin condiciones previas". Ahora se abre la posibilidad de buscar una solución acorde a la legalidad internacional.

"El plan de autonomía no se lo creen ni los marroquíes"
Marruecos demoró cuatro meses su visto bueno a Ross.
Los marroquíes están nerviosos. La razón es que saben que están violando el derecho internacional y también que el nuevo enviado es un hombre íntegro, que pertenece a una Administración que ya ha aclarado que no va a trabajar con grupos de poder.

¿Qué esperan de España?
Los saharauis no pedimos a España que se ponga de nuestro lado, sino del lado de la legalidad internacional. Y eso a pesar de que España sigue siendo responsable del Sáhara moral, jurídica y hasta políticamente. Por mucho que quiera desentenderse, y como confirmó en 2002 el dictamen Corell (Hans Corell era vicesecretario general de Naciones Unidas), España es aún la potencia administradora del Sáhara.

Ustedes son muy críticos con el Gobierno español.
El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero se ha ido alejando del derecho de autodeterminación y acercando a las tesis marroquíes. Con esta actitud, su Gobierno da oxígeno a Marruecos y no contribuye a encontrar una solución, cuando lo que debería hacer es liderar su búsqueda y acabar con esta asignatura pendiente. Con sus declaraciones ambiguas, el Gobierno español contribuye a mantener la intransigencia marroquí. Un ejemplo es el viaje que Elena Valenciano, la secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE, ha hecho hace días a Marruecos. Allí se ha reunido con miembros del CORCAS (el Consejo Real Consultivo para los Asuntos del Sáhara), un organismo nombrado a dedo por Mohamed VI que no tiene ninguna legitimadad. El único representante del pueblo saharaui reconocido por Naciones Unidas es el Frente Polisario.

Ustedes denuncian que a Marruecos se le da un trato de favor.
Sí. No entendemos la doble vara de medir que España, Francia y la UE dispensan a Marruecos, un país que exporta hachís, que viola los derechos humanos y la legalidad internacional. Y aún así, se le concede un estatuto de relación privilegiada con la UE. No sólo eso, la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental) es la única misión de este tipo que no tiene competencias para vigilar el respeto a los derechos humanos. Cuando se planteó esta posibilidad, Francia amenazó con ejercer su veto en el Consejo de Seguridad. Cuando estos países callan ante las atrocidades, Marruecos se siente impune.
Las cuatro rondas de negociaciones con Marruecos en Manhasset (EEUU) no han dado fruto ¿habrá una quinta?
Nosotros no estamos en contra de las negociaciones, pero no estamos dispuestos, como pretende Marruecos, a discutir sólo su plan de autonomía (este proyecto descarta la autodeterminación) Nos sentamos a la mesa con nuestro verdugo; se nos pide que negociemos con quien tiene un puñal en nuestro cuello, y encima Marruecos no respeta la condición de negociar "sin condiciones previas". Tras las lamentables declaraciones del anterior enviado del Secretario General (Peter Van Walsum afirmó que la independencia no era una opción realista), no toleraremos que se utilice estas negociaciones para intentar aparcar el conflicto bajo el paraguas de la ONU forzándonos a aceptar el plan marroquí. Nadie nos puede decir que tenemos que ser marroquíes.
¿Ustedes descartan estudiar este plan?
Marruecos ocupa el Sáhara y punto. Este plan es sólo otra cara de esta ocupación y ni lo tenemos en cuenta. Este proyecto no se lo creen ni ellos.

http://www.publico.es/internacional/201971/gobierno/espanol/da/oxigeno/marruecos

La policía fija cupos de arrestos a 'sin papeles' por barrios"Objetivo: 35 extranjeros. Si no los hay, se va a buscarlos fuera del distrito", señala una nota de la comisaría de Villa de Vallecas

ANAÍS BERDIÉ - Madrid - 16/02/2009

"Extranjeros: en base a la población de cada distrito, hay que hacer un número de detenidos".. Las órdenes son claras. Hay que detener a un cupo de inmigrantes a la semana.Estas directrices dirigidas a los agentes de la Policía Nacional, figuran en un documento interno que se repartió en la comisaría de Villa de Vallecas tras una reunión de comisarios celebrada el pasado 12 de noviembre. La suya debe ser una zona con importante "problemática delincuencial", pues tenían como objetivo 35 extranjeros esa semana.La "problemática delincuencial" es el argumento utilizado por la Policía Nacional para justificar la existencia de estos cupos.

Con estas palabras explicaba ayer en un comunicado el significado de estos documentos internos: "La Policía Nacional fija unas directrices que sirven exclusivamente para aplicar la Ley de Extranjería. Estas directrices se determinan en función de las circunstancias poblacionales y delincuenciales de cada zona". Es decir, la Ley de Extranjería hay que aplicarla con más rigor en los barrios en los que hay más delincuencia.Pero la cosa no queda ahí.. Al parecer, hay que alcanzar los resultados a toda costa, haya o no haya extranjeros esa semana por las calles de la zona. "Si no los hay, se va a buscarlos fuera del distrito", continúa la nota.Alfredo Perdiguero, secretario general del sindicato Unión Federal de Policías (UFP) dijo ayer en la Cadena Ser que "en algunas comisarías les dan [a los agentes] días libres por hacer esta práctica".

El aumento de redadas en busca de sin papeles preocupaba en las calles madrileñas hace ya unos meses. Diversas ONG y cuatro sindicatos policiales comunicaron su preocupación al Fiscal General del Estado y al Defensor del Pueblo. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, interpelado por la oposición, negaba la mayor en el Senado el pasado martes. "Niego rotundamente que la policía haga redadas indiscriminadas", respondió rotundo. "Las detenciones de inmigrantes ilegales no figuran en ninguna estadística".Para la policía, es cuestión de objetivos. Semanalmente, los responsables de las comisarías de distrito "dan resultados del plan por objetivos marcados por la Jefatura Superior", explica el comunicado de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. Un plan detallado hasta en la nacionalidad preferente para las detenciones. "Marruecos, prioritario", señala la nota interna. El procedimiento también tiene unas directrices claras: "Hay que ser selectivo a la hora de pedir CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros)". Los marroquíes "se expulsan porque la mayoría del traslado se hace por carretera y se documenta bien". Los bolivianos, por contra, "no se expulsan en la actualidad".Hace dos fines de semana varios inmigrantes protestaron por la presión policial en las calles de Lavapiés.

Abuy Nfubea, presidente de la Federación Panafricana, lo denomina "racismo institucional". Cuenta que los extranjeros del barrio se sienten cada vez más perseguidos. Añade que tanto el viernes como el sábado acudió la policía al bar en el que se reúnen y detuvo a dos personas. "Se ha demostrado que era verdad lo que decíamos", contesta algo alterado cuando se le pregunta por la difusión de la nota interna. "Las personas que lo han omitido han sido cómplices de muchos crímenes, porque detrás de esas cifras hay vidas truncadas, vidas destruidas".

http://www.publico.es/espana/200955/policia/reconoce/directrices/detener/cupo/papeles/segun/poblacion/delincuencia/zona


http://www.20minutos.es/noticia/450536


http://www.elpais.com/articulo/madrid/policia/fija/cupos/arrestos/papeles/barrios/elpepiespmad/20090216elpmad_3/Tes

Varias asociaciones de memoria histórica han iniciado una campaña para que los desaparecidos de la Guerra Civil y de la represión franquista acaben por fin inscritos en los registros civiles. Reclaman a todos los grupos parlamentarios una modificación de la ley para facilitar a las familias, que en muchos casos han acudido a los tribunales, la anotación.

El proceso es esencial para cualquier investigación sobre la represión de la dictadura y va encaminado directamente a recuperar personas, con nombres y apellidos, que sufrieron una doble muerte, la real y la de esfumarse de la historia. Esto sucedió sobre todo en las zonas donde triunfó antes el golpe de Francisco Franco y donde avanzaron los generales: Andalucía occidental, Extremadura, Castilla-León, Galicia, Navarra y zonas de Aragón y Asturias.

El proceso es vital para cualquier investigación sobre la represión

Pocos días después de la rebelión de 1936, "se dictaron órdenes precisas para que no se inscribiera a los asesinados con la clara intención de dejar el menor rastro posible", aseguran las asociaciones de memoria en el manifiesto ¡¡¡Todas las víctimas del franquismo en los registros civiles!!!, que ya han firmado 233 personas de toda la península.

No hay cifras de cuántas personas dejaron de apuntarse, pero una idea de lo que se pretende reparar la da la historia de Manuel Escobar Moreno y de Castilleja del Campo, un pequeño municipio (633 habitantes) de la provincia de Sevilla. Como documentó el profesor estadounidense Richard Barker en su libro El largo trauma de un pueblo andaluz, 17 personas fueron asesinadas en 1936. Nueve de ellas no constan en el registro y algunos ni siquiera tienen familiares. "La intención era ocultar el número de asesinatos", asevera Cecilio Gordillo, responsable del grupo de trabajo sobre memoria histórica de CGT-Andalucía.

En el caso de Escobar Moreno, cuya familia pudo inscribirlo en 1946, en la hoja número 76 se lee: "Falleció [...] el día 27 de agosto de 1936 a las [en blanco] a consecuencia de aplicación del bando de guerra". "En otros casos pone por herida de bala, nunca asesinato", asegura Noelia Rodríguez, concejal socialista del ayuntamiento y nieta de Escobar Moreno.

"Se trata de rescatar a una persona. No desaparecieron por arte de magia"
Decreto de 1936
La cobertura normativa de la inscripción de Escobar Moreno y tantos otros la dio el franquismo en noviembre de 1936, coincidiendo con el declive de la represión al amparo del bando de guerra, según el historiador Francisco Espinosa. En esa fecha, se publicó un decreto por el que miles de personas pudieron legalizar la muerte de sus familiares. "En el mejor de los casos se hizo falseando la causa de la muerte. Al daño causado, se añadió la humillación de unos procedimientos ideados para que los asesinados no pudiesen adquirir ni siquiera la condición de víctimas", aseguran las asociaciones CGT, ARMH, Memoria Antifranquista, Aremehisa, Memoria Histórica y Justicia, Dime y Guerra y Exilio.

En los tribunales
Muchas personas han acudido a los tribunales para lograr la anotación
Ahora, quienes quedaron fuera plantean en los tribunales la inscripción. Noelia acudió hace tres años a los juzgados con la lista completa de los no inscritos en Castilleja. Aún no han recibido respuesta. En numerosos casos, los jueces deniegan la inscripción y en otros, los menos, la aceptan, aunque sea fuera de plazo. Lo que quieren las asociaciones es eliminar esta discrecionalidad.

IU prepara una batería de mociones en los ayuntamientos en apoyo del cambio legal y baraja una iniciativa en el Parlamento andaluz. ERC, cuyo diputado Joan Tardá ha firmado el manifiesto, baraja la posibilidad de dar la batalla en el Congreso.

"Se trata de rescatar a una persona. Un monolito es una forma simbólica de recordarlos, pero no desaparecieron por arte de magia. Fueron asesinados", resume Noelia.

http://www.publico.es/espana/200493/familias/victimas/franquismo/reclaman/registre/muerte

Hace sólo cuatro meses que Salim Awadh Salim ha vuelto a casa. Cuando llegó, después de pasar cerca de dos años detenido sin cargos en cárceles de Kenia y Etiopía, su vivienda en el barrio de Mwenbeleza, en la ciudad costera keniana de Mombasa, había sido saqueada. "Con la venta de un coche viejo, he comprado 300 polluelos para criarlos. A mis 37 años, debo empezar de cero", dice junto a un pequeño criadero tapado con chapa de hojalata.

Su mujer, Fatima Ahmed Chande, detenida y deportada con él pero liberada antes, está con su familia en Tanzania, de donde es originaria. "Estaba embarazada cuando nos arrestaron. Tuvo mucho estrés. Perdió el hijo. Yo no puedo ir a verla porque, a día de hoy, no me han devuelto el pasaporte. Y ella no quiere ni oír hablar de volver a Kenia", apunta Awadh.

La Policía tenía orden de no dejar que nadie viera a los detenidos
Salim y Fatima forman parte del grupo de hasta 150 personas que las autoridades kenianas detuvieron en enero de 2007 cuando huían de los combates que enfrentaban en Somalia a la Unión de Tribunales Islámicos varios de cuyos miembros están en la lista de terroristas buscados por EEUU con los soldados gubernamentales apoyados por tropas etíopes que habían entrado en el país días antes.

Trasladados a comisarías de Nairobi, los detenidos fueron mantenidos incomunicados durante semanas, sin acceso a abogados ni familiares, antes de ser llevados de vuelta a Somalia y entregados a Etiopía. Allí fueron sometidas a tratos crueles, interrogadas por agentes del FBI, de la CIA y de los servicios secretos de Israel, y privadas de contacto con familiares o incluso con el Comité Internacional de Cruz Roja, que tiene el mandato internacional para visitar a presos en todo el mundo. Poco se sabe de este Guantánamo africano. Los Gobiernos implicados se han dedicado a negarlo.
"Yo me dedicaba a negocios con teléfonos móviles", relata Awadh. "Fuimos a Somalia a probar suerte, pero a los cuatro meses decidimos volver. En la frontera, nos encontramos a un grupo de mujeres y niños y cruzamos todos juntos. Todos fuimos detenidos y llevados a Nairobi. Luego, nos enteramos de que en ese grupo estaba la esposa de Fazul".

Fazul Abdullah Mohammed es uno de los presuntos terroristas más buscados por Estados Unidos, que le acusa de ser el jefe de Al Qaeda en África, y de estar detrás de los atentados contra las embajadas de Kenia y Tanzania en 1998.

Detenidos de 19 países
"Kenia detuvo a cientos de personas que trataban de cruzar desde Somalia. La Policía tenía instrucciones de no dejar que nadie viera a los detenidos", explica a Público el responsable del Foro Musulmán de Derechos Humanos, Al Amin Kimathi, que ha seguido los casos. "A través de pequeños sobornos, recargando los móviles de los guardas, logramos contar 150 detenidos de 19 nacionalidades".

"El Gobierno de Kenia no protege a sus ciudadanos, los vende", dice Alí. Las condiciones, dice, eran deplorables. "Había una mujer embarazada de seis meses que había sido herida de bala mientras huía de la Policía antes de ser arrestada. Nunca recibió asistencia médica".
A excepción de cuatro, todos los detenidos lo estuvieron más allá de los periodos legal

es (hábeas corpus) que la ley keniana permite: 24 horas para crímenes menores y dos semanas para delitos capitales.

Como la Policía keniana negaba tener a los detenidos bajo su custodia, Kimathi planteó 34 casos en los tribunales por violación del habeas corpus. "El día de la vista, el Estado alegó que no podría traer a los detenidos porque ya no estaban en el país y presentó tres manifiestos de vuelo con los nombres de todos los presos entregados. Fue la primera confirmación que tuvimos sobre el número e identidad de los detenidos, y sobre la participación de las autoridades kenianas en su entrega extraordinaria a Somalia.

El nombre de Salim Awadh está en una de las listas de pasajeros. Salió de Kenia el 27 de enero de 2007. El vuelo es de la compañía African Air Express. El destino: Mogadiscio. Awadh figura en el puesto 26 de la lista. Su mujer es la siguiente. Hubo tres vuelos más. En total, 85 pasajeros, de los que 19 eran mujeres y 15 niños. Otras fuentes, como una comparecencia parlamentaria posterior, hablan de más de 100 entregados.

"De Somalia, nos llevaron a Etiopía. Allí me interrogaron durante tres semanas un americano, una americana y un israelí", recuerda Awadh. "Me acusaban de participar en los atentados de Mombasa. Cuando les decía que no sabía nada, me gritaban que mentía. Me gritaron mucho. Durante un tiempo, perdí algo de oído".

En una entrevista telefónica, un funcionario del FBI confirmó a Human Rights Watch (HRW) que tanto agentes del FBI como de la CIA habían interrogado a los detenidos en Addis Abeba. El Gobierno etíope sólo reconoció tener bajo custodia a 41 personas.

Chantaje con esposas e hijos
De acuerdo con el Foro Musulmán de Derechos Humanos, en muchas fases de los interrogatorios se usó a las esposas y niños para ejercer influencia sobre los detenidos, sugiriendo que les iban a dañar o que ellas habían admitido que sus esposos eran terroristas. "Es muy serio: la detención de gente que las autoridades creen que son inocentes, pero que igualmente las mantienen detenidas para ejercer influencia sobre sus familiares", apunta la organización.

"Trajeron una máquina para ver si decía la verdad", continúa Salim. "Al final me dijeron que lo sentían, que era inocente y que me soltarían en dos semanas. Pero me mantuvieron preso un año y medio más, hasta el 2 de octubre de 2008, cuando fui liberado junto a otros siete kenianos". Durante gran parte de ese tiempo adicional, Awadh estuvo incomunicado. Pensaba que sus compañeros habían vuelto a casa y sólo quedaba él encarcelado. "A veces quería matarme y pensaba que me iba a volver loco".

"EEUU tolera la contratación externa del abuso", afirma el abogado
Al Foro le consta que por lo menos 77 personas han sido liberadas a lo largo de los dos últimos años. "Del resto dice Kimathi, no sabemos nada. Hay seis kenianos cuyo paradero sigue siendo desconocido".

En una cafetería de Nairobi, Mariam Alí no se quita el velo que le cubre toda la cara menos los ojos hasta que se ha sentado en un rincón. Tiene un rostro amable.
"Este Gobierno no protege a sus ciudadanos. Los vende", dice alterada Mariam, viuda de 32 años, madre de tres hijas y un hijo y que sobrevive vendiendo zapatos de segunda mano. "Mi hermano nunca fue llevado ante un juez. Si tenían algo contra él, deberían haberle juzgado aquí", señala. Llora y relata que su hermano era una persona amable, que tenía negocios y enseñaba a domicilio las enseñanzas del Corán.

Mohammed Abdulmalik, el hermano de Mariam, fue arrestado en Mombasa el 13 de febrero de 2007. Trasladado a Nairobi e interrogado por agentes kenianos, las autoridades le mantuvieron detenido sin cargos e incomunicado durante un mes. Después, fue entregado a las autoridades estadounidenses.

El 26 de marzo de 2007, Estados Unidos informó de manera oficial de que Abdulmalik estaba en el penal de Guantánamo. "Ha admitido su participación en los atentados de 2002 contra el hotel Paradise de Mombasa", señalaba el comunicado.
"No es el que creían"
"Sabemos que está vivo. Nos comunicamos a través del Comité Internacional de Cruz Roja. Hemos recibido tres cartas en dos años. Una abogada que le visitó nos dijo que las pruebas han demostrado que no es el que creían". Pero a Abdulmalik no se le puede devolver a Kenia porque, a lo largo de su detención, las autoridades kenianas han negado que sea uno de sus ciudadanos.
Mariam reza para que su hermano vuelva, ahora que el presidente estadounidense, Barack Obama, ha ordenado el cierre de Guantánamo. "Pero si el Gobierno keniano no le reconoce, ¿adónde va a ir?", dice llorando. "¿Estará a salvo si vuelve?", pregunta. "Mis padres han muerto. Mi marido ha muerto. Mi familia son mis hijos y mis hermanos", añade entre sollozos.

El Foro Musulmán de Derechos Humanos ha planteado una demanda en los tribunales para demostrar que Abdulmalik es keniano. Kimathi cree que Kenia se niega a admitir su nacionalidad porque teme ser demandada por haberle entregado a Estados Unidos, violando las normas internacionales.

Según el informe del Foro, la detención, los interrogatorios y la entrega "llevan la marca de una estrecha colaboración entre las autoridades de Kenia y Estados Unidos". "Lo más preocupante señala es hasta qué punto las agencias de seguridad kenianas han abdicado de su soberanía en favor de los intereses de EEUU".

Para HRW, Estados Unidos "no es directamente responsable" de los arrestos, detenciones y entregas. "Pero definitivamente tenía conocimiento de ellos y, como poco, aprovechó los abusos de Kenia y Etiopía para interrogar a sospechosos, lo que despierta serias dudas sobre su complicidad en los abusos", señala la organización en un informe.

Además, HRW acusa a Etiopía de haber usado la operación de entregas ilegales "para sus propios objetivos: en concreto, reprimir las insurgencias en Ogadén y Oromo". "Los militares de Etiopía sometieron a los detenidos a brutales torturas. Los detenidos dicen que les arrancaron las uñas, les aplastaron los genitales y les encañonaban la cabeza con armas cargadas. También les forzaron a firmar papeles que no podían leer", indica el informe.

Ayuda financiera de EEUU
En el año fiscal 2007, Estados Unidos dio a Etiopía 12 millones de dólares en ayuda relacionada con "seguridad". La asistencia a Kenia fue de cinco millones de dólares. "Hay tanta ayuda financiera de EEUU para antiterrorismo que hay que demostrar que están trabajando duro", dice Kimathi. "Estados Unidos financia una unidad antiterrorista de élite en la Policía keniana y no veía grandes resultados".

"Es evidente que no apoyamos el terrorismo concluye Kimathi. Pero creemos que si se da poder a los gobiernos africanos, estos abusarán de él y lo usarán para reprimir a la disidencia. Es lamentable que EEUU lo tolere. Es la contratación externa del abuso. Un escenario muy peligroso".

Poco antes de ser liberados, Awadh y sus compañeros kenianos recibieron la visita de unos funcionarios de inteligencia. "Nos dijeron que nuestro Gobierno se había equivocado, que todo el mundo comete errores y que debíamos ser razonables, olvidarlo todo y no hablar con la prensa".
Mientras ve crecer a sus polluelos, Salim Awadh espera que la demanda judicial contra el Estado keniano dé sus frutos. "Quiero dinero. Lo he perdido todo. Hasta a mi esposa, que está perdiendo la cabeza. Y quiero justicia. Que sea una lección para ellos".

http://www.publico.es/internacional/199775/africa/guantanamo

El Tribunal Penal Internacional (TPI) está explorando la posibilidad de procesar a dirigentes políticos y jefes militares israelíes por crímenes de guerra que podrían haberse cometido durante las tres semanas que duró la operación Plomo Fundido en Gaza.

Mientras el TPI lo estudia, el fiscal del Estado de Israel, Moshe Lador, se reunió con los siete implicados en el auto que la semana pasada emitió el juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional en relación con un ataque que en 2002 costó la vida a un dirigente miliciano de Hamás. En este ataque, en la ciudad de Gaza, murieron 14 civiles, incluidos nueve niños, y cien personas resultaron heridas.

Israel no firmó el tratado que permitió la creación del tribunal penal.Los implicados son Binyamin Ben Eliezer, que entonces era titular de Defensa, MosheYaalon, ex comandante del ejército, Dan Halutz, ex jefe de la aviación, Doron Almog, ex jefe de la zona sur, Guiora Eiland, ex jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Mike Herzog, ex secretario del ministro de Defensa, y Avi Dichter, ex jefe del servicio de inteligencia interior.

El fiscal del TPI, Luis Moreno-Ocampo, tendrá que decidir si procesa a Israel aunque este país no esté integrado en el TPI. Para ello está estudiando si existe una jurisdicción palestina, aunque Palestina no sea propiamente un Estado, que permitiría el procesamiento de ciudadanos israelíes por acciones cometidas fuera de sus fronteras, reveló el diario The Times.

En un primer momento Moreno-Ocampo decidió que no podía abrir un expediente porque Palestina no es formalmente un Estado, pero ahora las organizaciones palestinas argumentan que Israel ha dicho repetidamente que ya no ocupa la franja de Gaza algo que discuten muchos juristas y que la Autoridad Palestina es un Estado a casi todos los efectos, aunque todavía no se la reconozca como tal. Ante el peso de las pruebas, Tel Aviv ha reconocido el uso de fósforo blanco

"Es un Estado territorial quien debe dirigirse al tribunal. Y ellos argumentan que la Autoridad Palestina es, en realidad, ese Estado", dijo Moreno-Ocampo.
"Están citando jurisprudencia anterior. Es muy complicado. Es un tipo de análisis diferente del que yo hago. Quizá nos llevará mucho tiempo pero tomaré una decisión que esté conforme con la ley".

Moreno-Ocampo explicó que lo que está haciendo no implica que se hayan cometido crímenes de guerra en Gaza, pues primero se debe determinar si el TPI tiene jurisdicción. La investigación sólo se abrirá si se resuelve ese primer paso.

Las organizaciones palestinas argumentan que Israel utilizó bombas de fósforo blanco en zonas densamente prohibidas, lo que está prohibido por la legislación internacional. En un primer momento, Israel lo negó, pero posteriormente se presentaron tantas pruebas que acabó reconociendo que así había sido.

El fiscal de TPI ha recibido material de las organizaciones palestinas acerca del uso de fósforo blanco en la ciudad de Gaza y está esperando el material adicional que están reuniendo la Liga Árabe y Amnistía Internacional.

El Tratado de Roma especifica que el TPI tiene competencia para investigar y juzgar crímenes de guerra sólo si el país responsable no quiere o no puede juzgarlos en sus propios tribunales.
Durante la guerra se emitieron imágenes del uso de bombas de fósforo blanco en zonas densamente pobladas de la ciudad de Gaza y sus alrededores. El Ejército israelí ha lanzado su propia investigación con la intención aparente de frenar las denuncias internacionales.
Nuevo bombardeo en Gaza

Mientras tanto, la aviación israelí mató ayer a un miliciano en la ciudad de Rafah, al sur de la franja, después de que tres granadas de mortero cayeran en el desierto del Neguev sin causar daños. Un cuarto Qasam cayó por la tarde en la ciudad de Sderot sin mayores consecuencias.
Un segundo palestino, aparentemente armado, fue abatido por los soldados cerca de Hebrón, en la Cisjordaniaocupada.

Una delegación de Hamás se ha desplazado a El Cairo para negociar con los egipcios la declaración de una tregua de un año o un año y medio. Sin embargo, el enviado israelí a estas negociaciones, Amos Guilad, manifestó que Israel no tiene ningún interés en una tregua limitada y no aceptará que se disparen cohetes contra su territorio con tregua o sin ella.
Hamás insiste en que sólo aceptará una tregua limitada si Israel abre los pasos que permiten la entrada de bienes y ayuda humanitaria en la franja de Gaza. Pese a las declaraciones de unos y otros, ambas partes siguen negociando en El Cairo y un anuncio podría llegar en los próximos días.

Público. 3 de febrero 2009